Prórroga de la permanencia en el servicio activo del Personal estatutario por su condición de Delegado Sindical en el Servicio de Salud de Castilla y León

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCL) en el Recurso Contencioso-administrativo nº 526/2016, interpuesto por la vía del procedimiento de protección de los derechos fundamentales, dicta Sentencia de fecha 4 de octubre de 2016 reconociendo al recurrente la prolongación en el servicio activo hasta los 70 años de…

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El Plan de Ordenación de Recursos Humanos del Servicio Extremeño de Salud tiene, de nuevo, plenos efectos. La prolongación en el servicio activo tras la revisión de 2016.

Por Resolución de 16 de agosto de 2016 (DOE nº 165 de 26.08.16) la Dirección Gerencia del Servicio Extremeño de Salud (SES) levanta la suspensión del Plan de Ordenación de Recursos Humanos (PORH) aprobado por Resolución de 7 de abril de 2015 (DOE nº 87 de 08.05.15) que se produjo…

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Las Diputaciones Provinciales como Entidades que refuerzan la gestión de los Ayuntamientos. Nuevo respaldo del Tribunal Constitucional: Sentencia nº 111/2016, de 9 de junio.

El Tribunal Constitucional (TC) en su Sentencia nº 111/2016, de 9 de junio, estima parcialmente del Recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía contra la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL –BOE nº…

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El derecho a la jubilación del Personal Sanitario (funcionario o estatutario) de los Servicios de Salud del Sistema Nacional de Salud. ¿A los 65 o a los 70 años?

El Tribunal Supremo (TS) en su Sentencia de 30 de mayo de 2016 (Recurso 1881/2015) desestima el recurso interpuesto contra la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja (TSJR) de 5 de marzo de 2015 (Recurso nº 99/2014). Aunque la cuestión se…

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La buena fe, la confianza legítima y el servicio a los ciudadanos como principios generales que subsanan los errores cometidos/inducidos por la Administración Pública en el procedimiento administrativo previo.

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJCan) con sede en Santa Cruz de Tenerife, Sala de lo Contencioso-administrativo, dicta Sentencia de 7 de enero de 2016 (Recurso nº 311/2013) en la que reconociendo el error cometido por el Tribunal Económico Administrativo Regional (TEAR) de Canarias, al no admitir la…

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El Tribunal Supremo reconoce el derecho a la tutela judicial efectiva a una Administración Pública. Incidencia de los defectos formales del procedimiento administrativo previo en el fallo de inadmisión del Tribunal de instancia.

Por Sentencia de 22 de febrero de 2016 (Recurso nº 836/2014) la Sala 3ª del Tribunal Supremo (TS) revisa en casación la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSLM) de 17 de octubre de 2013 (Recurso nº 816/2010) sobre estimación de rectificación de autoliquidación del ITP y AJD.…

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La vida de la enseñanza concertada no depende de la existencia de plazas libres en la enseñanza pública: Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de mayo de 2016.

El Tribunal Supremo (TS) Sala 3ª, en su Sentencia de 25 de mayo de 2016 (Recurso nº 4102/2014) revisando otra del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) de 2 de octubre de 2014 (Recurso nº 273/2013) sede en Sevilla, declara que tanto la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de…

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El Tribunal Constitucional se pronuncia, de nuevo, sobre el hecho de que el contenido y efectos de una norma cambia su naturaleza jurídica: Sentencia nº 83/2016, de 28 de abril.

El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) en su Sentencia nº 83/2016, de 28 de abril, que resuelve el Recurso de amparo ante el interpuesto (nº 4703/2012) contra el Auto del Tribunal Supremo de 30 de mayo de 2011 (Recurso nº 153/2011) Sala 3ª, que declaró la inadmisión del Recurso Contencioso-administrativo interpuesto contra…

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De nuevo, el “margen de tolerancia” en la actuación responsable de la Administración Pública

El Tribunal Supremo en su Sentencia de 22 de abril de 2016, Sala 3ª (Recurso nº 4080/2014) acude de nuevo a la “doctrina del margen de tolerancia” para eludir la responsabilidad patrimonial de la Administración pública.

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