La buena fe, la confianza legítima y el servicio a los ciudadanos como principios generales que subsanan los errores cometidos/inducidos por la Administración Pública en el procedimiento administrativo previo.

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJCan) con sede en Santa Cruz de Tenerife, Sala de lo Contencioso-administrativo, dicta Sentencia de 7 de enero de 2016 (Recurso nº 311/2013) en la que reconociendo el error cometido por el Tribunal Económico Administrativo Regional (TEAR) de Canarias, al no admitir la reclamación presentada por un ciudadano (actor/recurrente en este proceso) contra la resolución que estimaba parcialmente una solicitud de devolución de ingresos indebidos, ya que se realiza contra un acto no susceptible de reclamación económica-administrativa ante órganos de tal naturaleza (era un acto de gestión de un impuesto) admite, sin embargo, el recurso contencioso-administrativo interpuesto entendiendo que la Administración Pública con su actuar ha creado en el ciudadano la creencia de que el acto impugnado era susceptible de tal reclamación económica-administrativa.

La Sala, en su F,j. 2, reconoce que lo procedente sería ordenar que se retrotraigan las actuaciones para que el citado TEAR, admitiendo la reclamación presentada (aunque no proceda) resolviera sobre el fondo. Así lo solicita, subsidiariamente, la Comunidad Autónoma de Canarias, personada como codemandada.

Sin embargo, en aras al principio de economía procesal, el TSJCan acuerda admitir el recurso presentado y resolver sobre el fondo.

Es muy expresivo lo que apunta en el párrafo 3º del citado F.j. 2:

“… siendo indubitado que el conocimiento de los actos de gestión de los impuestos municipales no corresponde a los órganos económico-administrativos de la Administración del Estado, como se advierte en la resolución económico-administrativa aquí recurrida, no lo es menos que concurren en el presente caso una serie de circunstancias que justifican, en aras del principio de buena fe de la actuación administrativa, una solución distinta a la derivada de aquella atribución competencial.”.

Tras detallar esas circunstancias (base de aplicación de los citados principios y, en especial, el de la buena fe) la Sala dice:

“De todo lo anterior se desprende que, con su actuación, la Administración Tributaria Canaria ha podido generar en el obligado tributario la creencia de que los actos de gestión del impuesto eran susceptibles de reclamación económico-administrativa, por lo que atendidos los principios de buena fe, confianza legítima y servicio a los ciudadanos que la Administración debe respetar en su actuación, en virtud del artículo 3 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, debió el órgano económico-administrativo admitir la reclamación económico-administrativa formulada contra la resolución de la solicitud de ingresos indebidos formulada por el obligado tributario.”.

Falla, pues, estimando el recurso interpuesto contra la resolución del TEAR, declarando su admisibilidad y resolviendo sobre el fondo, en el sentido de declarar conforme a Derecho la resolución que estimó en parte la solicitud de devolución de ingresos indebidos dictada por el Servicio de Recaudación del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

Las circunstancias que se citan, que consideramos ajenas al procedimiento iniciado, son: a) Que el Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna y la Consejería de Economía y Hacienda suscribieron un Convenio para la prestación del servicio de gestión del cobro en vía ejecutiva de los débitos fuera del ámbito de dicho Ayuntamiento, b) Que la resolución de la solicitud de devolución de ingresos indebidos se dictó por el Servicio de Recaudación de Santa Cruz de Tenerife, c) Que para el artº 221.6 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (BOE nº 302 de 18.12.03) las resoluciones de las solicitudes de devolución de ingresos indebidos son susceptibles de reclamación económico-administrativa y d) Que en las diligencias de embargo notificadas por el Servicio de Recaudación del Gobierno de Canarias se comunicaba al obligado tributario que contra las mismas cabía interponer el recurso de reposición o bien reclamación económico-administrativa, que se dirigirá a dicho Servicio y que este lo remitirá al tribunal competente.

Solo la tercera se aproxima al tema planteado. El artº 221.6 LGT (“Procedimiento para la devolución de ingresos indebidos”) literalmente dice:

“Las resoluciones que se dicten en este procedimiento serán susceptibles de recurso de reposición y de reclamación económico-administrativa”.

Por relacionar tales circunstancias con los principios generales del Derecho que se citan, recordemos, por todos, lo que es, para Fernando Sainz Moreno, el valor de la buena fe en el Derecho Administrativo:

“La buena fe del ciudadano frente a la Administración consiste en la legítima confianza de que ésta no va a ejercitar sus derechos y prerrogativas más allá del límite trazado por las exigencias del interés general—no del interés de la Administración como tal, ni tampoco del mero interés en la legalidad— y siempre dentro del marco del ordenamiento jurídico”.

“La buena fe de la Administración frente al ciudadano consiste en la legítima confianza de que éste no sólo no va a ser desleal con el comportamiento honesto de la Administración … sino que tampoco va a «utilizar» a la Administración para obtener en su beneficio resoluciones contrarias a la buena fe de otro ciudadano…”.

Los citados principios que, como sabemos, vienen recogidos en el párrafo 1 del artículo 3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE nº 285 de 27.11.92) y que fueron introducidos por la Ley 4/1999, de 13 de enero, que modifica a la anterior (BOE nº 12 de 14.01.99), aparecen igualmente reconocidos en el artº 3, apartado 1 a) y e) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, que entrará en vigor el 2 de octubre de 2016, que deroga a las anteriores, (BOE nº 236 de 02.10.15):

“Artº 3. Principios generales.

1. Las Administraciones Públicas sirven con objetividad los intereses generales y actúan de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Constitución, a la Ley y al Derecho.

Deberán respetar en su actuación y relaciones los siguientes principios:

a) Servicio efectivo a los ciudadanos.

e) Buena fe, confianza legítima y lealtad institucional.”

Sobre nosotros Manuel Beato Espejo

Profesor Titular de Derecho Administrativo de la UEX.

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