El Régimen Local tras la Sentencia del Tribunal Constitucional nº 41/2016, de 3 de marzo, que resuelve el Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto por la Asamblea de Extremadura.

La Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL -BOE nº 312 de 30.12.13-) que modifica a la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBL -BOE nº 80 de 03.04.85-) fue recurrida de inconstitucionalidad por la Asamblea de Extremadura el 24 de marzo de 2014.

Los preceptos impugnados fueron: El artículo 1, apartados 3, 5, 7, 8, 10, 16, 17, 21 y 30, las Disposiciones adicionales 8ª, 9ª, 11ª y 15ª y las Disposiciones transitorias 1ª, 2ª, 3ª, 4ª y 11ª.

Se declaran inconstitucionales y nulos el apartado 17, en la redacción dada al artículo 57 bis, la Disposición adicional 11ª, las Disposiciones transitorias 1ª, 2ª y 3ª y los incisos del punto 3 de las Disposiciones transitorias 4ª y del párrafo 3º de la Disposición transitoria 11ª.

La Disposición adicional 15ª no es inconstitucional interpretada en los términos que se señala por el Tribunal.

El fundamento del recurso era la vulneración de los artículos 9.3 y 53 a 60 del Estatuto de Autonomía de Extremadura (Ley Orgánica 1/2011, de 28 de enero, que modifica el aprobado por Ley Orgánica 1/1983, de 25 de febrero –BOE nº 25 de 29.01.11-) y de los artículos 103.1, 137, 148.1, apartados 1 y 2, 149.1, apartados 14 y 18 y 149.3, en conexión con los arts. 147.2 d), 150, apartados 1 y 2, 156 y 157.3 de la Constitución Española.

ASe desestima el recurso en lo que afecta al:

Apartados 3 del artículo 1, que da nueva redacción al artº 7 de la LRBL y que se refiere a las competencias de las Entidades Locales (EELL) que son propias o atribuidas por delegación.

Apartado 5 del artículo 1, que modifica el artº 13 de la LRBL y que hace referencia a la creación y supresión de Municipios y a la alteración de términos municipales.

Apartado 7 del artículo 1, que incluye un artº 24 bis en la LRBL y se refiere a las Entidades de ámbito territorial inferior al Municipio, conocidas como Entidades Locales Menores (ELMs).

Apartado 8 del artículo 1, que da nueva redacción al artº 25 de la LRBL y se refiere a las competencias propias que “en todo caso” deberá ejercer el Municipio a fin de satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal.

Apartado 10 del artículo 1, que da nueva redacción al artº 27 de la LRBL y se refiere a las competencias que el Estado y las Comunidades Autónomas pueden delegar en los Municipios, así como las condiciones para ejercerlas.

– Al apartado 16 del artículo 1 que da nueva redacción al artº 57 de la LRBL y se refiere a la cooperación económica, técnica y administrativa entre la Administración Local y las Administraciones del Estado y de las Comunidades Autónomas.

Tal cooperación se podrá llevar a cabo, “en todo caso”, mediante los consorcios que se constituyan o los convenios administrativos que se suscriban; dando preferencia de los segundos sobre los primeros.

Apartado 21 del artículo 1, que suprime el apartado 3 del artº 85 de la LRBL y da nueva redacción a su apartado 2 y que señala las formas de gestión de los servicios públicos que se presten.

Se establecen criterios de preferencia de unas sobre otras en aras a la sostenibilidad y eficiencia de la gestión.

Apartado 30 del artículo 1, que incluye un nuevo artº 116 bis en la LRBL y hace referencia al contenido y seguimiento del Plan económico-financiero que deben formular las Corporaciones locales incumplidoras (del objetivo de estabilidad presupuestaria, del objetivo de deuda pública o de la regla de gasto) con especial mención, en su caso, a las medidas que deben establecerse.

– A la Disposición adicional 8ª que se refiere al incumplimiento de las obligaciones tributarias sobre los bienes inmuebles de la Seguridad Social transferidos a otras Administraciones Públicas (asumir por subrogación su pago) a efectos de que se proceda a la retención de recursos al sujeto obligado.

– A la Disposición adicional 9ª que tiene relación con el tratamiento que ha de darse a los convenios, acuerdos y demás instrumentos de cooperación ya suscritos, en el momento de la entrada en vigor de la LRSAL, por el Estado y las Comunidades Autónomas con toda clase de Entidades Locales, que lleven aparejada cualquier tipo de financiación destinada a sufragar el ejercicio, por éstas, de competencias delegadas o “competencias distintas a las enumeradas en los artículos 25 y 27 de la LRL”, que son las que se denominaron “competencias impropias”.

B. Se declaran inconstitucionales y nulos, los siguientes:

– Apartado 17 del artículo 1, que incluía un artº 57 bis en la LRBL y se refiere a las garantía que deben establecerse para hacer frente a las obligaciones financieras y compromisos de pago que se establecieran en los convenios de colaboración o en los acuerdos de delegación para el ejercicio de competencias delegadas a las EELL por las Comunidades Autónomas.

La “clausula de garantía” consistía en la autorización a la Administración General del Estado para aplicar retenciones en las transferencias que les correspondan por aplicación de su sistema de financiación.

– La Disposición adicional 11ª que se refería a la compensación de deudas entre Administraciones por la asunción de los servicios y de las competencias señaladas en la Disposición transitoria primera, apartado 2º (la gestión de los servicios asociados a las competencias sanitarias en materia de atención primaria de la salud) y la Disposición transitoria segunda, apartado 2º (la prestación de los servicios sociales y de promoción y reinserción social).

– La Disposición transitoria 1ª que se refería a la asunción por las Comunidades Autónomas de la titularidad de las competencias relativas a la participación en la gestión de la atención primaria de la salud que se preveían como propias del Municipio.

Se establecía un plazo máximo de cinco años (de un 20 % anual) y no debía suponer un mayor gasto para el conjunto de las Administraciones Públicas.

De no asumirse, según el plan previsto y siguiendo tal progresividad, las competencias seguirían ejerciéndose por los Municipios con cargo a las Comunidades Autónomas.

– La Disposición transitoria 2ª que establecía la asunción por las Comunidades Autónomas de las competencias que se preveían como propias del Municipio relativas a la prestación de los servicios sociales y de promoción y reinserción social.

Se fija un plazo máximo de cinco años y no debe suponer un mayor gastos para el conjunto de las Administraciones Públicas.

De no asumirse, según el plan previsto y siguiendo tal progresividad, las competencias seguirían ejerciéndose por los Municipios con cargo a las Comunidades Autónomas.

– La Disposición transitoria 3ª que establecía que las Comunidades Autónomas prestarían los servicios de inspección sanitaria relativos a la inspección y control sanitario de mataderos, de industrias alimentarias y bebidas que hasta ese momento vinieran prestando los Municipios.

Se fijaba un plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la LRSAL.

– La Disposición transitoria 4ª en lo que se refiere a la atribución expresa al órgano que se cita.

La Disposición, en sí misma, establece que las ELMs existentes en el momento de la entrada en vigor de la LRSAL mantendrán su personalidad jurídica y la condición de Entidad Local.

Desde el 31 de diciembre de 2014, les viene imponiendo la obligación de rendir cuentas ante el Estado o la Comunidad Autónoma respectiva; incurriendo, de contrario, en causa de disolución.

De no producirse este hecho, la disolución, que proceda, de la concreta ELM será acordada por la Comunidad Autónoma respectiva, sin que pueda determinarse su mantenimiento como forma de organización desconcentrada.

La LRSAL atribuía tal capacidad de disolución al Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma, mediante Decreto.

– La Disposición transitoria 11ª en lo que se refiere a la atribución expresa al órgano que se cita.

La Disposición, en sí misma, impone a las Mancomunidades de Municipios la obligación de adaptar sus Estatutos a lo previsto en el artº 44 de la LRL.

De no cumplirse tal condición (plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la LRSAL) se incurriría en causa de disolución.

El expediente de disolución, en su caso, será iniciado y resuelto por la Comunidad Autónoma respectiva.

La LRSAL atribuía tal capacidad de disolución al Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma.

C. Se declara que no es inconstitucional, interpretada en los términos del Fundamento jurídico 13 e) de esta Sentencia:

– La Disposición adicional 15ª que se refiere a la fijación de los términos en los que las Comunidades Autónomas deberán asumir la titularidad de las competencias sobre educación que se prevén como propias del Municipio.

Son las relativas a la participación en el cumplimiento de la escolaridad obligatoria, a la cooperación en la construcción de centros docentes, a la vigilancia de edificios destinados a centros públicos de educación infantil, de primaria o especial, y se impone el correspondiente traspaso de medios económicos, materiales y personales.

Sobre nosotros Manuel Beato Espejo

Profesor Titular de Derecho Administrativo de la UEX.

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