Elementos claves en la doctrina del Tribunal Constitucional sobre el Régimen Local: Sentencia 41/2016, de 3 de marzo. La Disposición transitoria undécima: Las Mancomunidades de Municipios

Dando por reproducidos los puntos expuestos en anteriores entradas a este blog (accesibles en su serie completa aquíaquí y aquí), procede analizar las claves fijadas por el Tribunal Constitucional (TC) en su Sentencia nº 41/2016, de 3 de marzo, dictada como consecuencia del Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto por la Asamblea de Extremadura (el nº 1792/2014) contra la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LBRL -BOE nº 80 de 03.04.85-) modificada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL -BOE nº 312 de 30.12.13-) y, en especial ahora, sobre los argumentos de ratificación de la Disposición transitoria undécima: Las Mancomunidades de Municipios, declarado conforme con la Constitución de 1978, salvo en lo que se refiere a la atribución expresa al órgano que en ella se cita.

A. El argumento del recurrente (Antecedente 2, l) está, por una parte, en que se limitan las atribuciones de las Mancomunidades a la realización de obras y a la prestación de servicios públicos, por lo que se invaden las competencias autonómicas para regular las técnicas de cooperación y coordinación que tienen atribuidas estatutariamente.

Por otra parte, al otorgar la facultad de disolución de la Mancomunidad a un órgano concreto de la Comunidad Autónoma, se vulnera la competencia de autoorganización que le son propias. Como queda dicho este punto ha sido declarado inconstitucional y salvamos cualquier comentario sobre el.

 B. El TC en su F.j. 5, apoyándose en su propia doctrina, señala que la existencia de las Mancomunidades está directamente relacionada con los intereses de los Municipios que las integran y, por ende, con el principio de autonomía local garantizado por la Constitución de 1978.

Estas Entidades son una forma, entre otras, de organización de los municipios para la prestación de servicios públicos. La LRSAL no ha modificado las normas de constitución de Mancomunidades y aprobación de sus Estatutos, lo que sí hace es limitar sus objetivos ya que han de coincidir con las actividades relacionadas en los artículos 25 y 26 de la misma Ley: Promover las actividades y prestar los servicios públicos que contribuyan a satisfacer las necesidades de la comunidad vecinal y, en todo caso, las conocidas como “competencias propias” y, la prestación de los llamados “servicios mínimos obligatorios”.

Esta previsión, dice el TC en su F.j. 8, trata de evitar la proliferación de Mancomunidades y los riesgos que ello supone para los principios de eficacia en la gestión, de eficiencia en el gasto público y de estabilidad financiera.

El examen de los artículos citados permite afirmar que los ámbitos en los que los Municipios pueden mancomunarse son suficientemente amplios y que el legislador autonómico conserva dentro de ellos la competencia para conferir y regular las competencias propias municipales. En particular, las materias descritos en el apartado 2 del artº 25 que pueden reconducirse a las atribuciones estatutarias.

Concluye el TC diciendo que “… el Estado no ha disuelto directamente mancomunidad alguna. La disolución se produce solo si las mancomunidades no respetan normas básicas a cuyo cumplimiento están constitucionalmente obligadas”.

El incumplimiento que lleva a la disolución se refiere a la obligación de adaptar los Estatutos de la Mancomunidad a lo previsto en el artº 44 LBRL. “… norma básica que lleva más de una década en vigor, (su) redacción … procede del artº 1.1 de la Ley 57/2003, sin que la (LRSAL) la haya modificado”.

Además, “… quien aprecia y aplica esta causa de disolución es la Comunidad Autónoma, que … es competente para regular y atribuir competencias locales en muchas de las materias a que debe quedar circunscrita esta fórmula de gestión compartida”.

Por su parte, el nuevo artº 116 bis de la LBRL, establece que el plan económico-financiero que apruebe la Entidad incumplidora de los objetivos de estabilidad presupuestaria, de deuda pública o de regla de gastos, puede establecer como medidas, entre otras, la de “racionalización organizativa” para una gestión más eficiente.

Sobre nosotros Manuel Beato Espejo

Profesor Titular de Derecho Administrativo de la UEX.

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